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Rebaja del TAG en Autopista Central: hasta 25% de descuento, 20 meses más de concesión y críticas por la letra chica
Descuento 10% y 25% en peaje electrónico Ruta 5 urbana desde 2027 exige cuentas al día y extiende contrato de VíasChile veinte meses, criticado.
El presidente José Antonio Kast anunció una rebaja de hasta 25% en las tarifas del TAG de la Autopista Central, tras meses de negociaciones con la concesionaria. El acuerdo contempla una contraprestación central: la extensión de 20 meses en el plazo de concesión de VíasChile, la empresa que opera la Ruta 5 en la zona urbana de la Región Metropolitana y el eje General Velásquez.
El anuncio se realizó la noche del lunes en San Bernardo, junto al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y al director general de VíasChile, Andrés Barberis.
El descuento dependerá del horario en que los conductores transiten por la autopista, según explicó el propio mandatario. La rebaja considera un 10% en la tarifa base y un 25% en horario punta y de saturación.
Se ha llegado a un acuerdo para implementar una rebaja de la tarifa que consistirá en una rebaja del 10% en horas no punta y una rebaja del 25% de la tarifa en horarios punta
Kast
La medida beneficiará a 1,7 millones de vehículos al mes y comenzará a regir el 1 de enero de 2027, mientras el Ministerio de Obras Públicas mantiene las negociaciones para replicarla en otras autopistas urbanas.
El acceso al beneficio no será automático. Para obtener la rebaja, los usuarios deberán tener sus cuentas pagadas dentro de los primeros 60 días.
El costo real del descuento
Los tres artículos coinciden en un punto que quedó en segundo plano durante el anuncio: la rebaja tarifaria se compensa con 20 meses más de explotación privada para VíasChile. Es decir, el alivio en el bolsillo de los conductores se financia con una extensión del contrato que la empresa mantiene sobre la infraestructura.
Esa condición generó críticas desde la ONG No+TAG. Su presidente, Andrés Alarcón, calificó el anuncio como una burla y llamó a avanzar en cambios de fondo, como una reforma a la Ley de Concesiones.
"Es insuficiente y realmente es una burla que le están haciendo a la gente. Creo que buscaron la excusa perfecta para poder hacer una mínima rebaja, para hacer una extensión de contrato, donde no le consultaron a la gente si quiere seguir perpetuando este modelo", argumentó.
Alivio acotado y dudas sobre el modelo
Desde el ámbito económico, Felipe Berger, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, destacó el efecto positivo que podría tener la medida en el presupuesto de las familias, especialmente tras el último IPC de septiembre, que registró una variación de 0,4%.
"En la medida en que la inflación suba más lentamente de lo que uno está proyectando, eso sin duda es un efecto positivo para el bolsillo de las familias chilenas, porque hace que la unidad de fomento vaya subiendo de manera más lenta", dijo.
El análisis crítico va más allá del porcentaje de descuento. La rebaja está condicionada a mantener las cuentas al día, por lo que quienes ya enfrentan dificultades económicas podrían quedar fuera del beneficio. Quedan sin respuesta preguntas sobre las deudas acumuladas por el uso de las autopistas y sobre las multas que impiden renovar el permiso de circulación.
La experiencia internacional aparece como referencia en este debate. En España, el término de las concesiones de la AP-1 en 2018 y luego de la AP-7 y la AP-2 en 2021 permitió eliminar los peajes en esos tramos. Para las dos últimas autopistas, el Gobierno español estimó un ahorro anual de 752 millones de euros para los usuarios.
Las cifras de la propia concesionaria también forman parte de la discusión. Según la memoria anual de Autopista Central, durante 2025 la empresa obtuvo más de $351 mil millones por concepto de peajes y registró un beneficio neto superior a los $206 mil millones, un 19,1% más que el año anterior. Ese mismo ejercicio, su directorio acordó distribuir $133.520 millones en dividendos provisorios con cargo a las utilidades del período.
Con esos antecedentes sobre la mesa, surge la pregunta por la evaluación económica que respaldó la decisión: cuánto vale esa extensión de 20 meses para la empresa y qué otras opciones se evaluaron para reducir el costo que pagan los usuarios.
